Comisiones Obreras de La Rioja | 21 marzo 2025.

CCOO denuncia la desaparición de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer con la nueva Ley de Eficiencia Organizativa (LEO)

    Exigimos que el sistema judicial siga siendo una herramienta eficaz para garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

    04/03/2025.
    Mujer CCOO

    Mujer CCOO

    En 2004, bajo un gobierno del PSOE, España dio un paso histórico en la protección de las mujeres con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta normativa trajo consigo un sistema especializado de atención a las víctimas y la creación de juzgados especializados, convirtiendo al país en un referente mundial en derechos sociales y garantizando derechos fundamentales para las mujeres, víctimas o no.

     

    Sin embargo, en 2025, con la aprobación de la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), nuevamente impulsada por un gobierno del PSOE, este progreso corre el riesgo de desvanecerse. La reforma implica que se crea un único Tribunal de Instancia donde continúan existiendo diferentes secciones, una de ellas la violencia de género. Ahora bien, la atención directa a la víctima, la realizan los funcionario/as que asisten al Juez/a.  Estos pasarán a un cajón de sastre, junto con el resto de la plantilla judicial, llamado “Servicio Común de Tramitación”, donde las causas se diluirán entre numerosos procedimientos judiciales, de otros indoles.

     

    CCOO advierte que, si no se rectifica, el personal encargado de tramitar estos casos lo hará sin especialización ni formación en perspectiva de género, lo que incumple el Pacto de Estado sobre Violencia de Género. Esta falta de capacitación afectará negativamente la atención a las víctimas, restando eficacia y sensibilidad a los procedimientos judiciales.

     

    Además del impacto en las víctimas, la reforma supone un menosprecio al personal judicial que, en comunidades como La Rioja, han trabajado en condiciones adversas y sin la compensación económica que sí reciben en otras autonomías con competencias transferidas. La situación es especialmente alarmante en nuestra comunidad, que tiene la mayor tasa de feminicidios por millón de habitantes según el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género publicado en noviembre de 2024.

     

    Mientras delitos como el terrorismo o el narcotráfico son tratados en las Audiencias Nacionales con su debida especialización debido a la alarma social que provocan, la violencia de género, que deja anualmente a más de 50 mujeres asesinadas en España, no recibe la misma consideración. ¿Por qué a las mujeres no se nos puede garantizar una especialización judicial? ¿Acaso la alarma social y el impacto en las familias de las víctimas, padres, hijos o amigos no justifican un tratamiento judicial especializado? Ah ¡ claro ¡! Se nos olvida que son mujeres.

     

    "La violencia de género es un crimen estructural que requiere de un tratamiento especializado, y no puede ser reducida a una simple 'materia' dentro de un tribunal común, donde se verían mezclados con otros delitos. La Ley de Eficiencia Organizativa pone en riesgo la atención a las mujeres que sufren violencia, y esta reforma no puede, bajo ningún concepto, significar un retroceso en los derechos conquistados en las últimas décadas.

     

    CCOO denuncia que ni el Gobierno Autonómico de La Rioja ni el Gobierno central han garantizado la permanencia de estos juzgados ni la especialización del personal de Justicia para mejorar la atención a las víctimas. CCOO insta a ambos gobiernos al Estatal como al autonómico , en que  dejen de lado las diferencias, el marketing electoral por el bien de las víctimas de género. 

     

    Las mujeres necesitan un sistema judicial que las escuche, las proteja y las respalde. La violencia de género no puede ser tratada de manera indiferenciada, como si fuera un delito común. Exigimos que el sistema judicial siga siendo una herramienta eficaz para garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas.

     

     

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