Hace un año, el 24 de junio de 2022, alrededor 2.000 personas, en su mayoría de origen sudanés, trataron de cruzar la frontera entre España y Marruecos por el puesto fronterizo de Melilla. Para impedirlo:

●       Las autoridades marroquíes y españolas usaron material antidisturbios y armas menos letales como porras, balas de goma y pelotas de goma, 

●       propinaron golpes y patadas a personas que ya estaban inmovilizadas o no podían reaccionar debido a las lesiones que habían sufrido,

●       y usaron de forma reiterada gas lacrimógeno contra personas que estaban en un espacio cercado del que no tenían forma de escapar.

Los métodos empleados por las autoridades marroquíes y españolas en el paso fronterizo conocido como “Barrio Chino” contribuyeron a la muerte de al menos 37 personas y a causar lesiones a decenas más. Un año después, no sabemos con certeza cuántas personas murieron ese día y cuál fue la suerte o el paradero de al menos otras 77 que intentaron cruzar ese día.

Ni Marruecos ni España han facilitado información sobre las personas muertas y desaparecidas a sus seres queridos. Decenas permanecen en la morgue, sin que sus familiares puedan reclamarlos o enterrarlos.  

ESPAÑA MIENTE

El ministro de Interior español miente cuando afirma que no hubo muertos o “hechos trágicos” en territorio español. La totalidad de la instalación del paso fronterizo del Barrio Chino se encuentra dentro de los límites del territorio español.

Lo que el ministro llama “zona operacional conjunta”, ese limbo con el que quiere referirse a una zona oscura donde no es necesario respetar los derechos humanos, es una región internacionalmente reconocida como frontera terrestre de la Unión Europea (UE), y por lo tanto sujeta a las leyes europeas, entre ellas el conjunto de normas que protegen y regulan el derecho de asilo: el concepto de tierra de nadie, señor ministro, no existe en derecho.

También miente cuando dice que es posible solicitar asilo en la frontera de Beni Enzar, el único puesto fronterizo en Melilla. Así lo demuestran numerosos informes de organismos internacionales que señalan cómo las autoridades marroquíes impiden a las personas acercarse a él. 

Y, por último, vuelve a mentir cuando justifica devoluciones sin los debidos procedimientos. Los derechos de las personas migrantes y refugiadas no se limitan en función de cómo o por qué llegan a un país. El principio de “no devolución” es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos sobre personas refugiadas y prohíbe que sean devueltas a un lugar donde corren peligro de sufrir graves abusos como persecución, tortura o, incluso, la muerte.

Las autoridades españolas y marroquíes mostraron una cruel indiferencia por este principio. España devolvió de forma ilegal hasta a 470 personas (son datos del Defensor del Pueblo). Dejó a personas “sangrando y con heridas abiertas” en manos de las fuerzas marroquíes, un país que no ha adoptado legislación nacional sobre refugiados ni procedimientos de asilo compatibles con las normas internacionales; un país, por lo tanto, NO SEGURO.

Algunas de ellas fueron llevadas a prisiones marroquíes, sometidas a juicios que podrían ser injustos por vulneración de garantías procesales y condenadas a penas de prisión de entre dos y tres años por cargos como “insulto y violencia contra agentes de las fuerzas de la autoridad y el orden” o “facilitación y organización de la emigración irregular y entrada irregular”.

Otras fueron trasladadas en autobuses y abandonadas en zonas remotas hasta a 1.000 kilómetros de distancia de Nador, sin ayuda médica para los malheridos y sin pertenencias con las que poder encontrar un refugio.

MARRUECOS MIENTE

Marruecos también miente: 

●       “Frente a migrantes armados con palos, machetes, piedras y cuchillos que atacaron a las fuerzas de seguridad”, estas respondieron con un “alto nivel de control y profesionalidad”, dijo el embajador de Marruecos. 

●       “Nuestras fuerzas de seguridad respondieron de manera responsable” con la intención de “no dar ningún incentivo a las redes de tráfico de seres humanos”, dijo el ministro marroquí de Exteriores. 

Pero lo más dañino es lo que Marruecos calla. Su silencio no sería tan dañino si no fuera porque estamos hablando de que aún hay familias que no saben si sus seres queridos están vivos o muertos, o si pueden enterrar sus cuerpos.

Marruecos Impide a las familias encontrar a sus parientes desaparecidos. Las autoridades no se han puesto en contacto con ellas ni han hecho nada por encontrar a los que pueden estar vivos.

El Estado africano oculta que, en los 84 días previos al 24 de junio, realizaron 31 ataques a los campamentos donde habitualmente se alojan personas migrantes, aproximadamente el mismo número de ataques que en todo 2021. 

Hicieron redadas, quemaron sus pertenencias, arrojaron bombas lacrimógenas y piedras y destruyeron sus pertenencias, dejándoles sin comida ni bebida durante los días previos a los hechos. Los ataques de las fuerzas marroquíes, cada vez más violentos, hicieron la vida imposible a muchas personas migrantes que, finalmente, se pusieron en marcha.

Su silencio es clamoroso cuando los vídeos analizados por organizaciones y medios de comunicación muestran con claridad la fuerza con la que golpearon a las personas atrapadas en el puesto fronterizo de Barrio Chino, o la despiadada crueldad con la que las subieron, heridas, a autobuses que las abandonaron en zonas remotas a cientos de kilómetros.

PRIMERO

Amnistía Internacional lamenta profundamente que el 22 de diciembre de 2022, solo unos días después de hacer público nuestro informe, la Fiscalía General del Estado archivase la investigación sobre la tragedia de Melilla. Lo hacía la fiscal de sala de la Unidad de Extranjería en estos términos:

●       acuerdo proceder al ARCHIVO de las presentes diligencias de investigación, toda vez que no existen elementos que determinen que el día de los hechos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuantes incurriesen en infracción penal alguna, ni en su actuación general durante el desarrollo de estos ni posteriormente en el momento de la materialización de los rechazos en frontera.

●       acuerdo dar traslado de los hechos relativos al lanzamiento de piedras protagonizado por algunos agentes de la Guardia Civil actuantes al Director Adjunto Operativo del citado cuerpo a los efectos oportunos, con aportación de los vídeos en los que se aprecia tal actuación, por si fueran constitutivos de infracción disciplinaria.

SEGUNDO 

Denunciamos que la impunidad de tragedias como la de Melilla evidencia racismo institucional:

●       en la deshumanización de las personas migrantes que provienen de África, 

●       en la política de encubrimiento 

●       en la falta de respuesta y de investigación ante la muerte de personas, 

●       en la falta de asunción de responsabilidades por parte de los gobiernos implicados.

TERCERO

Un año después, seguimos exigiendo QUE SE GARANTICE:

●       una investigación efectiva, independiente y transparente con el fin de hacer rendir cuentas a los responsables y de orientar la elaboración de directrices y normativas que impidan que se repitan este tipo de violaciones de derechos humanos. 

●       que las víctimas y sus familias tienen acceso oportuno a información sobre estas investigaciones, así como a justicia y reparación integral por los daños sufridos, y cumplir la obligación de investigar y determinar la suerte y el paradero de sus seres queridos.

●       que se establece un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas sobre los acuerdos de cooperación España-Marruecos en materia migratoria.

●       que se pone fin a la práctica de las expulsiones sumarias de personas a Marruecos y que se cumple con todas las garantías exigidas por el derecho y las normas internacionales, también de la UE, incluido el principio de no devolución.

●       la implementación efectiva de medios que permitan iniciar el procedimiento de protección internacional en las delegaciones diplomáticas, a través del artículo 38 de la Ley de Asilo, así como la apertura de otras vías legales y seguras para las personas que solicitan protección internacional en España.

●       que, en el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo, España adopte un rol proactivo e impulse procedimientos de asilo en frontera con todas las garantías que tengan en cuenta la identificación de situaciones de vulnerabilidad.

●       velar por los derechos humanos mediante el cumplimiento y la aplicación de las recomendaciones de los órganos y tratados de la ONU con respecto a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, especialmente de las personas del África subsahariana en Ceuta y Melilla, incluidas las que piden a los gobiernos europeos que garanticen el acceso efectivo de todas las personas que buscan protección a los procedimientos oficiales para la presentación de solicitudes de asilo, y en concreto que eliminen las barreras existentes para las personas del África subsahariana.